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“Desviaron la comida de los pobres”: estalla el escándalo de los alimentos en Entre Ríos. La dirigente social Tamara Beráles (MTE–UTEP) denunció una situación de extrema gravedad en Entre Ríos: alimentos destinados a comedores y merenderos fueron desviados a fundaciones y domicilios particulares, mientras existe una causa judicial con allanamientos en curso. Según explicó, las organizaciones se enteraron cuando la investigación ya estaba iniciada y confirmó que se trata de alimentos del Ministerio de Capital Humano que debían llegar a los sectores más vulnerables. “Claramente eran para la asistencia de los espacios que sostenemos en todo el territorio. Es muy grave.” Beráles recordó que el Gobierno provincial no prorrogó la Ley de Emergencia Alimentaria ni creó una nueva, a pesar de que la crisis social continúa. “Estamos todavía en una emergencia alimentaria. La comida no es una asistencia, es un derecho básico para quienes hoy no tienen trabajo formal y no llegan a fin de mes.” La dirigente también cuestionó que no haya una ley de soberanía o seguridad alimentaria, y que solo se haya avanzado en la institucionalización de la Mesa de Diálogo Social, que hoy no funciona. “La mesa está en la ley, pero no se convoca. Eso no garantiza la transparencia de los alimentos.” El reclamo incluye un pedido concreto: un informe institucional que detalle cómo fue la compra, la entrega y la distribución de alimentos durante todo 2025, algo que hasta ahora el Gobierno no respondió. “No quieren ser claros ni dar detalles.” Sobre la logística, describió una situación desigual: “A nosotros nos hacen ir a buscar la comida a los galpones del Ejército y pagar fletes de 70 mil pesos, pero sí tienen logística para llevar alimentos a fundaciones y domicilios particulares.” También confirmó que hubo faltantes en los comedores, mientras el Gobierno sometía a las organizaciones a auditorías. “Nos controlaban diciendo que no existíamos y que hacíamos curro, pero después quedó claro que nuestros espacios y nuestras compañeras sí existen y trabajan por 78 mil pesos.” Además denunció que el Estado solo tiene planillas de Excel como registro, a pesar de que las organizaciones presentaron listados detallados de porciones, personas y días de asistencia. “Eso no es suficiente.” El impacto del presunto desvío es enorme: “Solo desde la UTEP hay 50 comedores y merenderos, y en Paraná hay más de 150.” También apuntó a la desigualdad territorial: “En Concordia, una de las ciudades más pobres del país, los alimentos no llegan.” Finalmente, confirmó que pidieron una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social, además de las reuniones mensuales que fija la ley, pero no hubo respuesta. “No tenemos novedades sobre cómo va a ser la distribución de alimentos en este enero 2026.” El cierre resume la gravedad del conflicto: “No es ni más ni menos que la comida de las personas que no tienen otra cosa.”
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Industriales pymes alertan que el rumbo del Gobierno puede cerrar el 20% de las fábricas. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos hablo con “GPS” y nos comento que la industria PYME atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas y el Gobierno nacional, lejos de ofrecer respuestas, avanza sin medidas concretas que sostengan la producción y el empleo. Alertó que el acuerdo Mercosur–Unión Europea, en las condiciones actuales, podría provocar el cierre de hasta el 20% de las fábricas. “No estamos en contra del acuerdo, pero hoy la Argentina no está en condiciones de competir. En este escenario no vamos a ser socios, vamos a ser clientes”. La advertencia llega en un contexto marcado por una recesión profunda, donde ya cerraron más de 22.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales en apenas dos años. El dirigente PYME puso el foco en la falta absoluta de política industrial. Señaló que las empresas argentinas enfrentan tasas de interés del 50%, costos energéticos elevados, una fuerte presión impositiva y costos laborales indirectos que las dejan en desventaja total frente a competidores internacionales que acceden a financiamiento al 2% o 4%. “Así no se puede competir”, remarcó. Además, denunció una competencia desleal por el ingreso de productos importados —principalmente de China— a precios de dumping y sin controles de calidad, sanitarios ni normativos, mientras que a la industria nacional se le exige cumplir estándares cada vez más altos. Sectores como el textil, calzado, bienes de capital y parte del entramado automotriz ya operan con niveles críticos de capacidad instalada. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Todo indica que se busca un país de servicios, pero la Argentina es y fue un país industrial. La industria es un patrimonio que hay que cuidar”. Recordó que durante la pandemia fue el entramado industrial el que permitió garantizar producción y abastecimiento. El cierre del diagnóstico fue una advertencia política directa: sin una mesa urgente de diálogo, sin reglas de equidad y sin medidas que bajen los costos de producir, la apertura comercial puede acelerar un proceso de desindustrialización que deje a la Argentina relegada en la disputa entre grandes potencias, con un mercado interno cada vez más chico y más pobreza estructural. “Las pymes no piden cerrar fronteras. Piden igualdad para competir. Hoy esa igualdad no existe y el Gobierno mira para otro lado”, concluyó.
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